Trabajar con el gobierno suele percibirse como una oportunidad segura: contratos grandes, respaldo institucional y pagos garantizados. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas enfrentan retrasos prolongados o incumplimientos totales de pago, incluso después de haber entregado bienes, servicios u obra pública.

Ante esta situación surge una pregunta clave: ¿realmente se puede demandar al gobierno por falta de pago? La respuesta es sí, pero no bajo las mismas reglas que en relaciones entre particulares. Existen procedimientos específicos que deben seguirse para reclamar legalmente un adeudo del Estado.

¿Es legal demandar al gobierno por falta de pago?

Sí. En México, el Estado puede ser demandado cuando actúa como contratante y incumple sus obligaciones, incluyendo el pago.

Esto se sustenta en principios como:

• legalidad,

• responsabilidad del Estado,

• y obligación de cumplir contratos válidamente celebrados.

Cuando una dependencia no paga sin causa justificada, su conducta se considera un acto administrativo impugnable.

¿En qué casos se puede demandar al gobierno por falta de pago?

Procede cuando se cumplen estos elementos:

• Existe un contrato válido con una dependencia pública

• El proveedor cumplió con sus obligaciones

• El plazo de pago ya venció

• No existe procedimiento legal que justifique la suspensión del pago

En términos prácticos, puede demandarse cuando:

• no se pagan facturas o estimaciones aceptadas,

• se retienen finiquitos sin justificación,

• la autoridad guarda silencio,

• o se niega el pago sin fundamento legal.

¿Qué tipo de demanda procede contra el gobierno?

Juicio contencioso administrativo

Es la vía principal para reclamar adeudos. Se promueve ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
o el tribunal administrativo estatal correspondiente.

En este juicio se solicita:

• reconocimiento del adeudo,

• nulidad del acto omisivo (no pagar),

• condena al pago,

• en su caso, intereses o actualización.

El tribunal revisa si:

• el contrato es válido,

• el proveedor cumplió,

• la autoridad incumplió sin causa legal.

¿Puede usarse la vía civil o mercantil?

En ciertos casos sí, especialmente cuando el contrato no está sujeto a un régimen administrativo. Sin embargo, la mayoría de contratos públicos se resuelven en vía administrativa.

¿Cuándo procede el amparo indirecto?

El amparo es útil cuando:

• la autoridad no responde (silencio administrativo),

• existe una negativa injustificada,

• el retraso afecta gravemente la operación del proveedor.

No sustituye el juicio principal, pero puede obligar a la autoridad a emitir una resolución.

¿Qué se necesita para demandar al gobierno?

Para tener éxito en la demanda, es clave contar con:

• contrato firmado,

• facturas emitidas,

• actas de entrega o recepción,

• evidencia del servicio o la obra,

• comunicaciones con la dependencia.

Mientras más sólido sea el expediente, mayores probabilidades de obtener una resolución favorable.

¿Qué argumentos suelen ser más efectivos?

Los tribunales suelen resolver a favor del proveedor cuando se acredita:

Cumplimiento contractual

Entrega conforme, sin observaciones vigentes.

Omisión injustificada

No existe causa legal para no pagar.

Falta de fundamentación

La autoridad no explica jurídicamente su negativa.

Violación al principio de legalidad

El gobierno no puede incumplir contratos sin base normativa.

Daño patrimonial

Se demuestra afectación económica real.

En escenarios más complejos, la demanda puede integrarse dentro de una estrategia más amplia de defensa frente a autoridades, como se analiza en litigio estratégico vs autoridades federales.

¿Puede el gobierno justificar el no pago?

Las dependencias suelen argumentar:

• falta de presupuesto,

• revisiones internas,

• observaciones técnicas.

Sin embargo, estos argumentos no son válidos cuando:

• el contrato ya fue ejecutado,

• existen actas firmadas,

• no hay procedimiento legal abierto.

En muchos casos, las “observaciones” se generan después del cumplimiento, lo que suele considerarse ilegal.

¿Qué pasa si además del impago hay clausuras o sanciones?

En algunos escenarios, el impago se acompaña de:

• clausuras,

• suspensiones,

• bloqueos administrativos.

En estos casos, la estrategia legal debe ser integral, combinando la reclamación del pago con la defensa frente a actos de autoridad, como se explica en qué hacer si PROFEPA clausura tu empresa.

¿Cuáles son los plazos para demandar al gobierno?

Los plazos corren desde que el pago debió realizarse o desde la negativa formal.

¿Se pueden reclamar intereses o daños?

Depende del contrato y la legislación aplicable. En algunos casos procede:

• interés moratorio,

• actualización del monto,

• indemnización por daños.

Todo debe solicitarse expresamente en la demanda.

Demandar al gobierno sí es posible, pero requiere estrategia

El hecho de que el deudor sea una autoridad no elimina el derecho del proveedor a cobrar. Al contrario, el marco legal establece mecanismos claros para:

• exigir el cumplimiento,

• impugnar omisiones,

• y obtener una resolución judicial favorable.

La clave está en documentar correctamente el cumplimiento y utilizar la vía legal adecuada.

Preguntas frecuentes

¿Es difícil demandar al gobierno?

No es imposible, pero requiere seguir procedimientos específicos.

¿Se puede embargar al gobierno?

No en los mismos términos que a un particular, pero sí puede ordenarse el pago.

¿El gobierno puede negarse a pagar por falta de presupuesto?

No válidamente si el contrato fue ejecutado.

¿Cuánto tarda un juicio contra el gobierno?

Generalmente varios meses.

¿Es común ganar estos casos?

Sí, cuando se acredita cumplimiento y la autoridad no justifica su omisión.