En la obra pública, terminar un proyecto no siempre significa cobrarlo. Muchas constructoras y contratistas enfrentan adeudos prolongados, estimaciones retenidas, pagos parciales o simples silencios administrativos, aun cuando la obra ya fue entregada y recibida formalmente.

Estos retrasos afectan flujo de efectivo, comprometen nóminas y pueden poner en riesgo la continuidad de la empresa. Sin embargo, el adeudo de obra pública es un acto impugnable, y existen vías legales claras para exigir el pago a las dependencias gubernamentales.

¿Qué se considera un adeudo en obra pública?

Existe adeudo cuando la dependencia:

• No paga estimaciones dentro del plazo contractual

• Retiene finiquitos o pagos finales sin justificación

• Realiza pagos parciales sin causa legal

• Guarda silencio frente a solicitudes de pago

• Condiciona el pago con observaciones extemporáneas

• Retrasa actas de entrega–recepción para diferir el cobro

Siempre que existan:

• contrato válido,

• estimaciones autorizadas,

• actas de entrega o recepción,

• evidencia de avance o terminación,

el contratista tiene derecho a exigir el pago, aunque la autoridad alegue falta de presupuesto o revisiones internas.

¿Cuál es el primer paso para cobrar un adeudo de obra pública?

Requerimiento administrativo formal de pago

Antes de acudir a tribunales, conviene presentar un escrito dirigido a la dependencia solicitando:

• liberación de estimaciones,

• pago del finiquito,

• fecha concreta de dispersión.

Debe anexarse:

• contrato y convenios modificatorios,

• estimaciones aprobadas,

• actas de entrega–recepción,

• facturas y evidencia de ejecución.

Este requerimiento deja constancia del adeudo y fija el inicio de plazos legales.

¿Qué vías legales existen para exigir el pago de obra pública?

Dependiendo del tipo de contrato y del nivel de gobierno, pueden usarse una o varias de estas rutas:

1. Procedimiento o recurso administrativo interno

Algunas dependencias permiten:

• inconformidades,

• revisiones administrativas,

• aclaraciones presupuestales.

Aunque rara vez resuelven el fondo, sirven para documentar la omisión y fortalecer el expediente para juicio.

2. Juicio contencioso administrativo

Es la vía principal para cobrarle al gobierno. Se promueve ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(o su equivalente estatal).

En este juicio se solicita:

• reconocimiento del adeudo,

• nulidad del acto omisivo (no pagar),

• condena al pago,

• en su caso, intereses o actualización.

El tribunal analiza si:

• el contrato es válido,

• la obra fue ejecutada conforme,

• la autoridad incumplió sin causa legal.

3. Juicio civil o mercantil (casos específicos)

Si el contrato no está sujeto a un régimen administrativo especial, puede proceder una acción civil o mercantil contra el ente público.

4. Amparo indirecto

Procede cuando:

• la autoridad guarda silencio prolongado,

• se niega injustificadamente a pagar,

• el retraso afecta gravemente la operación del contratista.

El amparo no cobra directamente, pero puede obligar a la autoridad a emitir resolución y destrabar el procedimiento.

¿Qué argumentos suelen ser más efectivos para cobrar adeudos de obra pública?

Los tribunales suelen fallar a favor del contratista cuando se acredita:

Cumplimiento de la obra

Estimaciones autorizadas y actas firmadas sin observaciones vigentes.

Omisión injustificada de la autoridad

No existe procedimiento técnico o legal que suspenda el pago.

Falta de fundamentación

La dependencia no explica jurídicamente por qué retiene el dinero.

Violación al principio de legalidad

El gobierno no puede diferir pagos sin base normativa.

Daño patrimonial al contratista

Se demuestra afectación real por el retraso.

Cuando el impago se combina con otros actos arbitrarios, la defensa suele integrarse dentro de esquemas de litigio estratégico, como los descritos en
litigio estratégico vs autoridades federales.

¿Puede la dependencia justificar el no pago con observaciones posteriores?

Es una práctica frecuente: después de recibir la obra, la autoridad intenta:

• crear observaciones retroactivas,

• cuestionar volúmenes ya aprobados,

• alegar fallas menores para retrasar el pago.

Estas conductas suelen declararse ilegales cuando:

• existen actas firmadas,

• no hubo prevención previa,

• las observaciones son extemporáneas.

¿Qué pasa si además del adeudo existen bloqueos o clausuras administrativas?

En escenarios extremos, la dependencia combina el impago con:

• suspensiones de actividades,

• clausuras,

• bloqueos operativos.

En esos casos, la cobranza contractual suele acompañarse de defensas similares a las utilizadas frente a cierres administrativos, como se explica en
qué hacer si PROFEPA clausura tu empresa.

¿Cuáles son los plazos aproximados para reclamar pagos de obra pública?

Los plazos corren desde que el pago debió realizarse o desde la negativa formal.

¿Se pueden reclamar intereses o actualización?

Depende del contrato y del marco legal aplicable. En algunos casos procede:

• interés moratorio,

• actualización del monto,

• indemnización por daño financiero.

Todo debe solicitarse expresamente en el juicio.

El adeudo de obra pública es un conflicto legal, no un “tema administrativo”

Aunque muchas dependencias intentan manejar el retraso como asunto interno, lo cierto es que el no pago es un acto de autoridad impugnable.

Con documentación adecuada y el medio de defensa correcto, es posible:

• obtener el pago,

• lograr reconocimiento judicial del adeudo,

• o forzar una resolución favorable.

Preguntas frecuentes

¿Puedo demandar al gobierno por no pagar una obra?

Sí, principalmente mediante juicio contencioso administrativo.

¿La falta de presupuesto justifica el adeudo?

No, si el contrato fue firmado y la obra ejecutada.

¿Puedo seguir contratando con el gobierno mientras reclamo el pago?

Sí, salvo que exista sanción expresa.

¿Cuánto tarda un juicio de este tipo?

Varía, pero normalmente toma varios meses.

¿Es común ganar estos casos?

Sí, cuando el contratista acredita cumplimiento y la autoridad no justifica legalmente el adeudo.