Cuando una empresa descubre que un servidor público le exigió un pago indebido para asignarle un contrato, que las bases de una licitación fueron diseñadas a la medida de un competidor, o que un funcionario favorece sistemáticamente a ciertos proveedores en detrimento de otros que cumplen mejor los requisitos, la pregunta que sigue es casi siempre la misma: ¿ante quién se denuncia y de qué sirve hacerlo? La respuesta directa a esa pregunta pasa por entender el papel de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) —anteriormente conocida como Secretaría de la Función Pública (SFP)— y la red de Órganos Internos de Control (OIC) que opera bajo su supervisión en toda la Administración Pública Federal. Para las empresas que contratan con el gobierno, que participan en licitaciones o que simplemente interactúan con dependencias federales, conocer este mecanismo puede ser la diferencia entre tolerar impunemente una irregularidad y activar el único canal institucional diseñado para corregirla.

¿Qué es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por qué es relevante para las empresas?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) tiene como función conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal y de particulares que puedan constituir responsabilidades, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); aplicar las sanciones por faltas administrativas no graves y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).

A partir del 29 de noviembre de 2024, con la publicación en el DOF del Decreto correspondiente, la antes Secretaría de la Función Pública (SFP) fue transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), pasando de un enfoque correctivo a uno preventivo. Este cambio es relevante para las empresas porque refleja una reorientación institucional: la dependencia no solo reacciona ante irregularidades ya consumadas, sino que busca involucrarse de manera preventiva en los procedimientos de contratación pública antes de que ocurran los actos de corrupción.

Para efectos prácticos, cuando en este artículo se habla de denunciar "ante la SFP", se hace referencia a esta dependencia ahora denominada SABG y a los órganos internos de control que coordina.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), facultan a la Secretaría de la Función Pública para instruir los procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan sus disposiciones; tramitar los procedimientos de conciliación por desavenencias en pedidos o contratos; así como conocer y resolver la instancia de inconformidad por actos derivados de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, atribuciones que se llevan a cabo a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas (DGCSCP) y los Órganos Internos de Control (OIC).

¿Cuándo procede una denuncia ante la SFP o sus OIC?

Entender cuándo procede este mecanismo es fundamental, porque no toda irregularidad que afecte a una empresa en sus relaciones con el gobierno da lugar a una denuncia ante la SABG. Existen varios escenarios claramente distinguibles:

Irregularidades de servidores públicos en el desempeño de sus funciones

Si eres víctima o testigo de presuntas irregularidades cometidas por alguna persona servidora pública federal durante el desempeño de sus funciones, así como personas físicas o morales privadas vinculadas con actos de gobierno, la SFP pone a tu disposición mecanismos para presentar quejas y denuncias.

Los supuestos más frecuentes que las empresas pueden denunciar bajo esta modalidad incluyen:

• Un funcionario que exige pagos no previstos legalmente como condición para tramitar permisos, licencias o contratos

• Un servidor público que revela información reservada de licitaciones a competidores

• Un funcionario que descalifica una propuesta técnica o económica sin fundamento legal, favoreciendo a otro licitante

• Un servidor público que modifica los términos de un contrato ya adjudicado en perjuicio del proveedor y en beneficio de un tercero

• Funcionarios que obstaculizan el pago de facturas debidamente presentadas sin causa legal

Irregularidades en procedimientos de contratación pública

Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, en supuestos como: desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; y actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones.

Actos de corrupción vinculados a contrataciones

Los particulares que tengan conocimiento de un hecho constitutivo de infracción también se encuentran en aptitud de presentar la denuncia correspondiente, siempre y cuando consideren que se actualizan los hechos de infracción. Esto significa que una empresa que, por ejemplo, fue testigo de que un competidor ofreció sobornos a funcionarios para obtener una adjudicación, puede denunciar ese hecho aunque ella no sea la afectada directa.

¿Qué NO debe denunciarse ante la SABG?

Existen mecanismos distintos para situaciones que frecuentemente se confunden con la denuncia ante la SABG:

¿Cuál es la diferencia entre una queja, una denuncia y un recurso de inconformidad ante la SFP?

Estos tres instrumentos coexisten dentro de las atribuciones de la SABG pero tienen propósitos, supuestos de procedencia y efectos distintos:

La queja es una manifestación ciudadana sobre la mala atención, ineficiencia o comportamiento inadecuado de un servidor público que no necesariamente configura una falta administrativa grave. Su tramitación es menos formal y puede derivar en una llamada de atención o correctivo disciplinario interno.

La denuncia es el mecanismo formal para reportar presuntas faltas administrativas —graves o no graves— de servidores públicos federales o de particulares vinculados a actos de corrupción. Las denuncias por las cuales se pretenda iniciar la investigación correspondiente podrán formularse por escrito, debiendo contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, pudiendo presentarse directamente ante la unidad investigadora competente o ante la Plataforma Digital Nacional.

El recurso de inconformidad es el mecanismo específico para impugnar actos concretos dentro de un procedimiento de licitación pública. La instancia de inconformidad es el instrumento que los particulares tienen a su alcance para impugnar los actos que estimen irregulares en las licitaciones públicas. A diferencia de la denuncia, la inconformidad tiene plazos estrictos de presentación —seis días hábiles a partir del acto que se impugna— y busca la suspensión o corrección del procedimiento de contratación en curso, no la sanción del funcionario responsable.

Para empresas que participan en licitaciones públicas e impugnan adjudicaciones que consideran ilegales, la elección entre interponer una inconformidad o presentar una denuncia —o ambas de manera simultánea— es una decisión estratégica que debe tomarse con asesoría legal especializada desde el primer momento.

¿Cómo se presenta una denuncia ante la SABG y cuáles son los canales disponibles?

La denuncia puede presentarse a través de la Plataforma SIDEC, disponible en https://sidec.buengobierno.gob.mx; por escrito, dirigido a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; o para asesoría, vía telefónica.

Los canales formales disponibles son:

Plataforma SIDEC (Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas): Es el canal digital oficial. Permite presentar la denuncia, adjuntar documentación probatoria y dar seguimiento en línea al estado del expediente. Admite denuncias anónimas, aunque estas tienen menor capacidad de seguimiento y las pruebas deben ser especialmente sólidas.

Por escrito ante la Dirección General de Denuncias e Investigaciones: Para casos de mayor complejidad o cuando la documentación probatoria es voluminosa, la presentación física permite mayor control sobre la recepción y el registro del expediente.

Ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia involucrada: Los OIC son quienes poseen la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos, imponiendo las sanciones establecidas en la ley. Presentar la denuncia directamente ante el OIC de la dependencia cuyo funcionario se está denunciando puede ser más expedito en casos de faltas no graves, pero implica el riesgo de que el órgano investigador no sea completamente independiente del investigado.

¿Qué debe contener una denuncia bien formulada?

Una denuncia deficiente —sin datos precisos, sin pruebas documentales, con hechos vagamente descritos— tiene altas probabilidades de ser archivada sin que se inicie investigación. Los elementos mínimos que debe contener son:

1. Identificación del denunciante (puede omitirse en denuncias anónimas, con las limitaciones ya señaladas)

2. Identificación del servidor público o particular denunciado: nombre, cargo, dependencia y área

3. Narración lógica y cronológica de los hechos: qué ocurrió, cuándo, dónde, cómo y en qué contexto

4. Calificación jurídica preliminar: qué tipo de falta o conducta irregular se estima cometida

5. Pruebas documentales: contratos, correos electrónicos, facturas, pedimentos, actas, grabaciones lícitas, declaraciones de testigos, o cualquier elemento que sustente los hechos narrados

6. Indicación del daño causado: al erario, a la empresa denunciante o al proceso de contratación

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad: la manifestación de los particulares debe realizarse bajo protesta de decir la verdad, señalando los actos o hechos presuntamente sancionables.

¿Cuáles son las etapas del proceso que sigue a una denuncia ante la SABG?

El procedimiento de responsabilidad administrativa cuenta con seis etapas: denuncia, investigación, substanciación e imposición y aplicación de sanciones. El siguiente desglose explica qué ocurre en cada fase y qué puede esperar la empresa denunciante:

Etapa 1: Recepción y calificación de la denuncia

Una vez presentada la denuncia a través de cualquier canal, la autoridad investigadora la recibe y la analiza para determinar si los hechos narrados son suficientes para iniciar una investigación formal. En esta etapa pueden ocurrir tres cosas: que se inicie la investigación, que se requiera información adicional al denunciante, o que se archive la denuncia por falta de elementos.

Las autoridades investigadoras incurrirán en obstrucción de la justicia cuando no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de treinta días naturales a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, falta de particulares o un acto de corrupción. Esto proporciona cierta garantía al denunciante de que la autoridad no puede simplemente ignorar una denuncia fundada.

Etapa 2: Investigación

La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes. Durante esta etapa, la autoridad investigadora recaba pruebas, solicita informes a dependencias, practica diligencias y elabora el expediente. Esta fase puede tomar varios meses dependiendo de la complejidad del caso.

El denunciante tiene un papel limitado en esta etapa: no es parte directa en la investigación, aunque puede ser citado a declarar como testigo. La autoridad investigadora actúa de oficio y con sus propias facultades.

Etapa 3: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

Si la investigación arroja elementos suficientes para presumir que se cometió una falta grave, las autoridades investigadoras deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley.

Etapa 4: Substanciación ante el TFJA (faltas graves) o ante la SABG/OIC (faltas no graves)

Para faltas graves —que son las que típicamente involucran a empresas privadas vinculadas a actos de corrupción— la autoridad substanciadora es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El TFJA notifica al presunto infractor, le da acceso al expediente y le otorga el derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos en su defensa.

Los terceros, definidos como todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante, tendrán legitimación procesal para interponer los medios de defensa previstos en la LGRA, por lo que se les deberá notificar cada etapa del procedimiento al ser considerados parte del mismo. Esto es especialmente relevante para las empresas denunciantes: si la resolución del TFJA no corresponde a los hechos denunciados o resulta insatisfactoria, el denunciante tiene legitimación para impugnarla.

Etapa 5: Resolución

Una vez substanciado el expediente, la resolución sancionatoria la emite el TFJA (Sala Especializada en Responsabilidades) u órgano jurisdiccional local equivalente, aplicando las sanciones previstas en la Ley.

Para faltas no graves, la resolución la emite directamente la SABG o el OIC, con sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación temporal.

Etapa 6: Ejecución e impugnación

Las sanciones impuestas en la resolución son ejecutables una vez que quedan firmes. El servidor público o particular sancionado puede impugnarlas mediante juicio de amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito. El denunciante, como tercero, también puede impugnar si considera que la resolución fue insuficiente o incorrecta.

¿Qué puede y qué no puede esperar una empresa al presentar una denuncia?

Las expectativas realistas son fundamentales para evitar frustraciones y para diseñar una estrategia de defensa completa. La denuncia ante la SABG es solo una pieza del tablero, no la solución integral.

Una estrategia legal completa en materia de contrataciones públicas suele combinar la denuncia ante la SABG para documentar y perseguir la responsabilidad del funcionario, el recurso de inconformidad para impugnar la decisión concreta del proceso de licitación, y el juicio de nulidad ante el TFJA para anular actos administrativos específicos. En casos donde la correcta ejecución del contrato público ha sido obstaculizada por conductas ilegales de funcionarios, puede ser necesario sumar acciones de responsabilidad patrimonial del Estado.

¿Cómo protege la ley al denunciante de represalias?

Este es un aspecto que preocupa especialmente a las empresas que dependen del gobierno como cliente y temen que denunciar a un funcionario les cierre puertas en futuros procesos de contratación. La LGRA contempla mecanismos de protección, aunque su efectividad práctica es una materia en permanente debate.

Los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde presta sus servicios el denunciante.

Para los particulares —incluidas las empresas— la protección específica es más limitada en la norma, aunque el sistema anticorrupción prevé mecanismos de alerta para quienes denuncien actos graves de corrupción. Adicionalmente, la LGRA prohíbe expresamente las represalias contra denunciantes, y los actos de represalia pueden ser denunciados como faltas administrativas adicionales.

En la práctica, una empresa que denuncia fundadamente y con pruebas sólidas tiene una posición más sólida que aquella que lo hace de manera especulativa, porque su denuncia difícilmente puede ser descartada sin documentación que la respalde. La asesoría de un abogado especializado en derecho público y contrataciones gubernamentales es esencial para diseñar la estrategia de denuncia de modo que minimice la exposición de la empresa a represalias mientras maximiza la eficacia del mecanismo.

La denuncia ante la SFP como herramienta de cumplimiento corporativo, no solo de defensa reactiva

Una perspectiva que las empresas sofisticadas han comenzado a adoptar en el entorno del Sistema Nacional Anticorrupción es ver la denuncia ante la SABG no como un último recurso defensivo, sino como una herramienta proactiva de gestión de riesgos y cumplimiento corporativo. Documentar y denunciar irregularidades en contrataciones no solo protege a la empresa denunciante: contribuye a la depuración del mercado gubernamental, genera precedentes institucionales y fortalece la posición de la empresa frente a futuros procesos de selección como un actor que actúa con integridad.

Las empresas que tienen programas de integridad bien implementados, que capacitan a su personal en identificar señales de corrupción y que cuentan con protocolos claros para escalar situaciones problemáticas a asesoría legal especializada, están mejor posicionadas para usar la denuncia como instrumento estratégico y no como reacción desesperada a una situación que ya escaló demasiado.

Esta perspectiva conecta directamente con las obligaciones que el Sistema Nacional Anticorrupción genera para las empresas privadas que interactúan con el sector público: no se trata solo de evitar ser sancionado, sino de operar dentro de un marco ético que, a la larga, genera ventajas competitivas reales en el mercado de contrataciones públicas.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo presentar una denuncia anónima ante la SABG?

Sí. La ley permite las denuncias anónimas y el SIDEC cuenta con una opción para presentarlas sin identificar al denunciante. Sin embargo, las denuncias anónimas tienen desventajas prácticas: la autoridad no puede solicitar información adicional al denunciante, este no tiene acceso al seguimiento del expediente y, sobre todo, el estándar probatorio requerido para iniciar la investigación tiende a ser más exigente cuando no hay un denunciante identificado que pueda ser citado a ratificar los hechos. Para casos graves con pruebas sólidas, la denuncia con nombre y datos de contacto suele ser más efectiva.

¿Cuánto tiempo tarda en resolverse una denuncia ante la SABG?

Los tiempos varían significativamente según la complejidad del caso. Una investigación por falta no grave puede resolverse en pocos meses a nivel del OIC. Un procedimiento por falta grave ante el TFJA, en cambio, puede extenderse entre uno y tres años, considerando la fase de investigación, substanciación y resolución, más los eventuales recursos de impugnación. La empresa denunciante debe planificar su estrategia con esta realidad temporal en mente, combinando la denuncia con mecanismos de efecto más inmediato, como el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad.

¿La denuncia ante la SABG suspende el proceso de licitación que estoy impugnando?

No directamente. La denuncia ante la SABG activa una investigación pero no suspende automáticamente los procedimientos de contratación en curso. Para lograr la suspensión de un proceso de licitación irregular, el mecanismo adecuado es el recurso de inconformidad ante la DGCSCP, que sí puede incluir la solicitud de suspensión del procedimiento. Ambos mecanismos —denuncia e inconformidad— pueden y en muchos casos deben interponerse simultáneamente, cada uno con sus propios plazos y objetivos.

¿Qué pasa si la denuncia resulta infundada o no se puede probar?

Si la autoridad investigadora concluye que no existen elementos suficientes para presumir la comisión de una falta, emite un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Esta resolución no genera consecuencias legales automáticas para el denunciante, a menos que la denuncia haya sido formulada de manera dolosa o manifiestamente falsa, en cuyo caso el propio denunciante podría incurrir en responsabilidad. Por eso, antes de presentar una denuncia, es fundamental contar con un análisis jurídico que evalúe la solidez de los hechos y la suficiencia de las pruebas disponibles.

¿Puede la empresa recuperar daños económicos a través de la denuncia ante la SABG?

La denuncia ante la SABG no es un mecanismo para reclamar daños económicos directamente. Su objetivo es la investigación y sanción de conductas irregulares. Para reclamar daños y perjuicios causados por actos ilegales de servidores públicos, la vía es la acción de responsabilidad patrimonial del Estado ante el TFJA, que es un procedimiento independiente aunque puede fundarse en los mismos hechos documentados en la denuncia. En casos donde la empresa sufrió pérdidas concretas y cuantificables por la conducta ilegal de un funcionario —contratos rescindidos indebidamente, pagos retenidos sin causa, licitaciones amañadas— esta acción puede ser la vía más adecuada para obtener resarcimiento.

¿Qué diferencia hay entre denunciar ante el OIC de una dependencia y denunciar directamente ante la SABG?

El OIC es el órgano de control interno de cada dependencia, supervisado por la SABG. Tiene competencia para investigar y sancionar faltas no graves cometidas por servidores públicos de esa dependencia específica. La SABG central tiene competencia más amplia y actúa como segunda instancia o cuando el caso reviste una complejidad o gravedad que supera el ámbito del OIC. Para faltas graves, independientemente de si la denuncia se presenta ante el OIC o ante la SABG central, el caso terminará siendo remitido al TFJA para su sanción. La decisión sobre ante quién presentar la denuncia depende de la gravedad de los hechos, la dependencia involucrada y la estrategia legal de la empresa.