Cuando una empresa descubre que un servidor público le exigió un pago indebido para asignarle un contrato, que las bases de una licitación fueron diseñadas a la medida de un competidor, o que un funcionario favorece sistemáticamente a ciertos proveedores en detrimento de otros que cumplen mejor los requisitos.

Existe una percepción generalizada entre directores y representantes legales de empresas mexicanas que merece ser desafiada directamente: creer que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un asunto que solo concierne a los servidores públicos.

La clausura es una sanción que impone la autoridad administrativa por determinado incumplimiento, cuya finalidad es impedir el funcionamiento del establecimiento mercantil de manera parcial o total...