Una obra pública destruye la fachada de tu negocio. Una resolución ilegal del SAT congela fondos que nunca debieron bloquearse. Un error de un servidor público en la expedición de un permiso obliga a tu empresa a parar operaciones durante meses. En todos estos casos, el Estado puede ser responsable de indemnizarte. Pero ese derecho tiene fecha de caducidad.

Una multa que nunca debió existir. Una resolución que cancela tu licencia sin seguir el procedimiento correcto. Una orden de cobro emitida por una autoridad que no tenía facultades para hacerlo. Todos son actos administrativos. Y todos pueden ser declarados nulos.

Una ley entra en vigor. Tu empresa la lee y concluye que viola un derecho fundamental: te obliga a cumplir con algo que no debería ser obligatorio, o te prohíbe una actividad que la Constitución te garantiza. ¿Qué haces? ¿Simplemente la acatas y absorbes el impacto?